martes, 13 de mayo de 2014
“Quizás las historias que menos toquen los medios, por lo repetitivo que pueda parecer, sea la visión de la familia ante la falta de amnistía”. La Real Academia la Lengua Española, RAE, define amnistía como el olvido legal de delitos. La oposición al gobierno venezolano lo incluye en su diccionario como la carta principal para el proceso de diálogo en el país. Desde aquel encuentro televisado, el pasado mes de abril, entre el gabinete de Nicolás Maduro y las fuerzas políticas que lo adversan, la palabra se ha colado en los titulares por la petición de un instrumento legal donde se dé libertad a todo aquel apresado durante la llamada “Revolución del Siglo XXI”.
Nombrar a Ivan Simonovis, sentenciado a 30 años de cárcel por los sucesos de abril de 2002, es tocar uno de los casos más sonados por su condición médica pero en ese abanico no se sopla al dirigente político Leopoldo López y a los alcaldes Daniel Ceballos y Enzo Scarano, presos civiles en instalaciones militares inculpados por los sucesos del primer trimestre de 2014. Entre toda la carne que no ha caído en esta brasa están los estudiantes, al menos no entre las solicitudes oficiales.
Naibet Soto, una de las activistas en Internet que más ha ayudado a dar luces en el conflicto criollo, resalta como un ejemplo lo sucedido la primera semana de mayo: se llevó a tribunales la audiencia más grande de nuestra historia justamente con jóvenes detenidos por acampar en espacios públicos como medida de protesta. La jornada arrojó un saldo de once presos, cuatro con libertad bajo fianza y 156 bajo régimen de presentación.
“Cada sentencia contra un estudiante es un aval a la criminalización de la protesta, por lo que tenemos 11 nuevos presos políticos”, indicó en su cuenta de Facebook, Soto.
La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, difiere con el término. En una reciente declaración a la prensa local usó el término para diseccionarlo: “los presos políticos están presos por sus ideas y en Venezuela los privados de libertad tienen delitos”. Esto la ha llevado a decir que estaría de acuerdo con una hipotética Ley de Amnistía “siempre y cuando no implique impunidad”.
La ficha que destranque este juego de dominó quizás se consiga con la sociedad, organizando el clamor y redirigiendo la consulta, ya con más peso, hacia el estado. La Mesa de la Unidad Democrática (MUD) ha dejado claro que la petición no golpeará sin fuerza en la mesa de diálogo. El secretario ejecutivo de este conjunto de partidos opositores, Ramón Guillermo Aveledo, llegó a asegurar que agotarían todas las vías y eso incluye la recolección de firmas para proponer el instrumento legal ante la Asamblea Nacional.
“Nosotros planteamos en el diálogo la Amnistía, porque pensamos que era el camino más práctico, pero el gobierno no quiere. En eso nosotros tenemos derecho a buscar el respaldo en la gente”, indicó a la prensa Aveledo, dejando claro el camino.
El otro lado
Quizás las historias que menos toquen los medios, por lo repetitivo que pueda lucir, sea la visión de la familia ante la falta de Amnistía. En una carta, de dominio público en 2013, la hija de Ivan Simonovis indica parte de su sentir: “Esta es la segunda vez que les escribo. No me da pena insistirles. El dolor puede más que la pena. Les juro que ya no puedo más. Ya me cansé de llorar. Estoy agotada. Quiero pedirles de nuevo un poco de clemencia. Ya mi papá, Iván Simonovis, y todos nosotros, su familia, hemos sufrido demasiado. Sufrir cansa. Llorar cansa (…) Un gesto de nobleza no les va a hacer perder nada de lo que tienen y, en cambio, los hará más humanos. Quiero volver a tener 15 años y un padre a quién abrazar. No tengo más argumentos. Solo un exceso de dolor”.
Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López, en diversas entrevistas ha dejado clara su posición de no rendirse hasta que se libere al dirigente. Se ocupa tres veces a la semana en visitar al dirigente y de ir con sus hijos, Manuela de cinco años y Leopoldo todavía de meses. “(Manuela) me ha preguntado mucho por él. Siempre le digo que está en un entrenamiento militar en un edificio y que estará por un tiempo ahí por Venezuela. Que está haciendo ese entrenamiento para Venezuela y por Venezuela”, dijo recientemente al diario El Nacional.
Su agenda, sin embargo, no coincide con la de la familia de Simonovis o con otros presos en similares condiciones, ni mucho menos con la de la MUD que justamente busca impulsar un instrumento legal para liberarlos a todos. No hay un principal propulsor ni demandante, sólo voces en coro donde se incluye a los padres de estudiantes y a aquellos que ven vulnerados sus derechos.
La amnistía
Según la Organización No Gubernamental Foro Penal Venezolano, ya se han realizado 2 mil 569 detenciones en Venezuela desde el 4 de febrero. Ocho personas detenidas con condiciones especiales, 130 privados de libertad y 1436 personas con medidas cautelares. Todo esto ocurrió mientras se hablaba de diálogo y de paz.
Pedir amnistía para todos ellos se hace imposible y más con las condiciones de proceso penal. La MUD contabiliza entre 2 mil y 3 mil retrasos en enjuiciamientos, por lo que una ley en este tipo debería ser minuciosa, detallada y tomando en cuenta a esta población que sufre una lenta agonía en las cárceles venezolanas mientras determinan si acaso son culpables.
En los últimos quince años el instrumento legal sonó en boca del gobierno venezolano una sola vez: en 2007 cuando mediante decreto fue sobreseído todo aquel relacionado a los hechos de abril y diciembre de 2002, aunque con algunas restricciones. Para entonces, el mandatario Hugo Chávez informó que se haría como “demostración de que queremos la paz y que haya fuerte debate político y social pero en paz”. No hay señales de que se vaya a repetir esa experiencia firmada por un hombre que también obtuvo de un presidente el olvido legal por sus delitos, pero las intenciones están.
Falta ver si llega el tan anhelado momento donde esa palabra se incluya legalmente en el diccionario venezolano.
*Fotografías sin créditos adjudicados. Si conocen al autor o autora, no duden en indicarlo.
