Venezuela regresa a los titulares por sus movilizaciones. Mientras el gobierno indica que esquiva un golpe de estado, la oposición activa las alarmas de los derechos humanos ante las acciones generadas tras las manifestaciones.

Para poder sustentar este texto la tarea consistió en ir “favoriteando” todo el  contenido que saliese publicado sobre Venezuela en Twitter desde el pasado 12 de febrero hasta la fecha. La labor no fue fácil.  

La línea de tiempo -o timeline- se desbordaba en cada pestañeo con mensajes sobre paralizaciones de calles y avenidas, de advertencias de jóvenes desaparecidos, reportes de estaciones de televisión repentinamente ausentes de operadoras de cable, suspensiones de clases, represiones de protestas e Incluso reportes tan grotescos como los de la violación anal a un joven o el uso de electricidad en las axilas como castigo para otros.

La red social se convirtió en la misma pantalla dividida que en abril de 2002 utilizaron (con la respectiva polémica) los canales televisivos nacionales para denunciar las protestas de entonces y que, irónicamente para estas fechas, cedieron con su silencio ante todas aquellas manifestaciones que concluyen con el mismo anuncio que lanza hoy en día una ligera variación de aquel gobierno: golpe de estado.

La Salida. Convocar una manifestación o marcha en Venezuela ya parece tan normal como hacer cola para comprar el pollo, la leche o la harina para las arepas. El gobierno nacional las ha anunciado recientemente para recordar al líder del llamado “socialismo del siglo XXI”, para el desarme e incluso para llamar a la paz. Los partidos adversos también lo han hecho varias veces por distintos motivos aunque, quizás, ha sido la del 12 de febrero la más significativa: se realizó en año no electoral, no contó con el aval de toda la oposición y tuvo como elemento diferenciador la participación de los estudiantes. 

El mensaje también fue claro: no contaba con el respaldo de los medios como otrora y se basó básicamente en las redes sociales, en los mensajes de texto y en el tradicional boca a boca. 

Si se desarrollaron pacíficamente o no es un tema en el que ambas partes nunca llegarán a consenso. Que terminara con violencia, al menos el 12 de febrero, no tiene discusión. 

La Respuesta. La potente imagen internacional que el gobierno de Hugo Chávez construyó durante quince años en base a la renta petrolera, la administración de su ungido, Nicolás Maduro, la destrozó en menos de dos días. 

La respuesta oficial de La Salida fue criminalizar la protesta de una manera que activó las alarmas internacionales al atentar contra varios derechos humanos como la integridad física de los manifestantes. Los derechos de estudiantes y jóvenes en general fueron vulnerados al no seguirse el procedimiento debido durante las detenciones y no darles un juicio justo e incluso mantenerlos incomunicados, engrosando esas largas listas de personas desaparecidas.

No hay cifras oficiales. Se contabiliza sólo aquello que se ha sumado, con calculadora y anotaciones disponibles, provenientes de organizaciones no gubernamentales,  observatorios de violencia y alguna que otra declaración de algún funcionario público. La cuenta lleva hasta la fecha 3 personas muertas, más de 200 estudiantes detenidos, 97 en libertad condicional y otros 200 heridos con perdigones. El problema no termina allí.

“Castigar suprimiendo un servicio público a una parte de la población es discriminación”, comunicó en su cuenta de Twitter Liliana Ortega. La abogada se refería a la cancelación de varias rutas del metro y metrobús en Caracas, justamente para mitigar las protestas y que termina afectando a todos los usuarios en general.

“El día que un malandro pida permiso para matar yo pediré permiso para marchar”, señala uno de los tantos mensajes que se han visto en la calle. “Pedir permiso” a las intendencias municipales para realizar una manifestación entra como controversia, pese a que el artículo 68 de la Constitución (que el oficialismo intentó reformar sin éxito en las elecciones de 2007) lo permite.

Marcha en Caracas del 18 de febrero. Foto de Juan Leung

La censura. Mucho antes de que el director de Conatel (el órgano regulador de las telecomunicaciones en Venezuela) desmintiera cualquier atentado a la libertad de expresión, la institución publicaba un comunicado a media página en los principales diarios expresando su preocupación por la cobertura mediática a cualquier hecho violento.

En el mismo texto, a blanco y negro y sin muchos adornos, se recordaba que  se podría sancionar a los (que consideraban) infractores mediante artículos específicos de la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos.

Esto fue el 12 de febrero, día en el que reportaron cómo medios radiofónicos del interior decidieron autocensurarse al igual que los canales televisivos nacionales, aquellos que apoyaron la pantalla dividida durante 2002 y que entre su desgaste incluyen cierres o reducciones en los tiempos de concesión para transmitir en señal abierta.

Twitter, la misma herramienta que sirvió para denunciar la salida radical de un canal internacional de dos cable-operadoras en Venezuela sufrió su revés al prescindir de su servicio de imágenes. El gobierno y la estatal compañía telefónica Cantv lo niegan. Desarrolladores locales (hoy con sitios Web bloqueados) junto a activistas y entusiastas de la tecnología lo demostraron: hubo bloqueo.

Así el acceso a la información, una de las variables que junto a la difusión de contenidos permite saber si en un país existe libremente este derecho, se compromete.

Si en algún momento las protestas, las marchas y las manifestaciones que se han generado desde el 12 de febrero llegaron a lucir sin rumbo, su criminalización -en todas su vertientes- les ha dado un rumbo, una nueva importancia que hasta el gobierno ha tomado en cuenta al convocar (bajo otras razones) la suya el mismo día que la oposición y de poder tantear así la calle en un año que no resultará indiferente para ningún venezolano.